Ambas organizaciones se quejan de la mala gestión del gobierno autonómico en cuanto al control de la fauna salvaje. Los cazadores hicieron constar ante Unións que los terrenos cinegéticos libres, que gestiona directamente la Xunta, "están funcionando como verdaderos viveros de jabalíes, sin control de poblaciones, censos ni planes cinegéticos", de modo que interfieren con la ordenación de las superficies ordenadas cinegéticamente, los Tecores. Éstos tampoco se libran de las quejas del SLG, cuya presidenta, Carme Freire, asegura que "los tecores ya demostraron con creces que no tienen capacidad para mantener controlada la población de fauna salvaje, que está destrozando nuestras cosechas y matando a nuestro ganado", y de ahí que urja un plan en el que la presencia de estos animales sea compatible con la producción agroganadera.

Para el responsable de los sectores ganaderos de esta organización, Adolfo Cabarcos, no cabe duda de que las forestaciones ilegales en tierras agrarias contribuyeron a que proliferasen no solo jabalíes, sino también lobos, corzos y cuervos, "que logran unas dimensiones de auténtica plaga. La superficie que ocupan como hábitat los animales salvajes está aumentando de modo exponencial, con lo que un primer paso para mantenerlos controlados sería impedir la invasión ilegal de tierras agrarias y que éstas recuperen su uso original".

Por su parte, Unións y la asociación de cazadores valoran propuestas como la alimentación disuasoria de las manadas de jabalíes, para que no tengan que internarse en los cultivos, y las medidas de caza por control de daños realizadas con criterios técnicos y basadas en los conocimientos científicos sobre el comportamiento de las manadas. Estas medidas son distintas a las que se están aplicando en Galicia y toman como modelo a las de Francia, Suiza y otros países europeos con gran experiencia en el control de daños del jabalí en los campos.

Unións también se muestra dispuesta a activar un plan piloto con nuevos criterios de realización de esperas y batidas para el control de daños, así como la puesta en marcha de medidas conmplementarias a la caza. El problema, que podría agravarse el año que viene, todavía tiene pendiente el pago por daños de la temporada de 2009.