Es más, Unións considera primordial que se controle la especie a lo largo de todo el año tanto con batidas como con esperas "de las propias Sociedades de Caza, de los agricultores y los ganaderos". Urge, también, controlar el volumen de jabatos y eliminar las zonas de veda para la caza de esta especie. La organización recuerda que entregó ya en noviembre 5.239 firmas –1.200 de ellas eran de Deza y Tabeirós– para que el departamento de Samuel Juárez tomase cartas en el asunto. Pero la Xunta se mantuvo al margen. Por eso, Unións celebró ayer la primera reunión de su renovado comité comarcal, tras la que entregó en el consistorio de Lalín un escrito con las medidas para atajar los daños de esta fauna salvaje, aprovechando el encuentro que tiene hoy el edil popular Manuel Fernández con representantes de Medio Rural. El concejal les dará un documento con más de 70 reclamaciones por ataques de esta alimaña.

Así pues, en el documento se reclama el pago inmediato tanto de los daños que está causando el animal como de los que se constataron en las campañas de 2009 y 2010. Para ello, es preciso cambiar el valor de peritación por hectárea para que sí cubra costes. Según los cálculos de Unións, el jabalí destrozó en Deza y Tabeirós-Montes más de 361 Hectáreas de maíz, que sirven para alimentar a más de 932 vacas en un año. En Lalín, las 133 Hectáreas en las que entró el puerco salvaje producirían comida para 344 reses.

Las peritaciones también deben ser más rápidas porque muchas veces los ganaderos vuelven a sembrar sin que se valoren los daños. Como complemento a las ayudas por destrozos, Unións propone la inminente puesta en marcha de otra línea de subvenciones que cubra el total de gasto para colocar pastores eléctricos, postes, mallas y cables eléctricos para evitar la entrada en las fincas.

Cultivos en montes

Para alejar a los jabalíes de las zonas pobladas, Unións pide que se siembren cultivos en monte, puesto que tanto Deza como Tabeirós y la comunidad gallega disponen de un 65% de superficie de este tipo, con lo que se apartaría al animal de los cultivos. Además, la zona tiene que pasar del ámbito de riesgo 3 al 1. La clasificación se basa en el número de llamadas de afectados, cuando también debería tener en cuenta las incidencias que comunican sindicatos, cooperativas y Extensión Agraria.