El patronato de la Fundación do Centro Cinexético e Piscícola de Galicia se reunió ayer en el pazo monfortino de Tor para aprobar la liquidación de esta entidad, con la intención de restituir la titularidad de sus propiedades al organismo provincial. Con ello se ha dado el penúltimo paso del proceso técnico iniciado a finales del abril del 2010, cuando el patronato aprobó la extinción de la fundación. El informe de la liquidación será trasladado esta semana a la Xunta, que deberá ratificarlo en un plazo máximo de tres meses. «De non pronunciarse antes desa data, consideraríase que a consellería dá a razón á Deputación», señalaron los responsables de este organismo.

En la reunión que aprobó por unanimidad la liquidación participaron el presidente y el vicepresidente primero de la Diputación, José Ramón Gómez Besteiro y Antón Bao; el secretario xeral técnico de Medio Rural, Jorge Atán; el jefe territorial de este organismo, Ramón Carballo, y el director xeral de Conservación da Natureza, Ricardo García, así como los diputados provinciales de Ganadería y Urbanismo, José María Arias y Miguel Sotuela.

Nuevos usos

Tras la reunión, Gómez Besteiro afirmó que con este acuerdo la Diputación recupera «para o seu patrimonio e para o de todos os lucenses» la propiedad que desde el año 2003 ha sido gestionada por la fundación ahora extinguida. Asimismo, señaló que las 200 hectáreas de terreno y las dependencias de esta propiedad serán dedicadas a «actividades cunha finalidade distinta» de las que se han realizado durante la etapa que se da actualmente por terminada.

Gómez Besteiro no quiso precisar por el momento en qué consistirán estas actividades, indicando tan solo que tendrán un carácter «medioambiental e cultural» y que más adelante se anunciarán de una forma más detallada. En todo caso, quiso dejar claro que el lugar «xa non vai ser un centro cinexético».

Por otra parte, Besteiro manifestó su convencimiento de que la Xunta dará su visto bueno al proceso de liquidación de la fundación antes de que se agote el plazo de tres meses establecido por la legislación para este tipo de procesos.