Según su secretario de Desenvolvemento Rural, Jacobo Feijoo, existen varios «indicios» de que tales ayudas no se van a renovar, como es el hecho de que la partida presupuestaria para este año «ascende únicamente a 150.000 euros, cantidade que coincide sopeitosamente cos danos pendentes de pago do ano 2009». Ayer mismo la Consellería do Medio Rural respondió declarando que estos subsidios se mantendrán, y que destinará a los mismos 250.000 euros durante este 2010.

El representante de Unións Agrarias también advirtió de que por el momento «se ten deshabilitado o sistema de comunicación de danos» y que incluso, desde las Delegaciones Provinciales, «se está a transmitir aos afectados que non haberá renovación».

Ante tales circunstancias el sindicato agrario mostró su total disconformidad y anunció que, en el caso de que se confirme el cese de las ayudas, tomaría medidas contundentes. Además recordó que los ataques de estos animales causan anualmente pérdidas por un valor de cuatro millones de euros, en destrozos de cultivos, rotura de silos, etcétera.

Las citadas ayudas de la Xunta cubrían, según Unións Agrarias, únicamente un 25% del total de pérdidas, ya que tenían un tope por explotación y año de 1.500 euros. Aún así, para los agricultores, estos subsidios suponían un primer paso para alcanzar una reforma total de la Lei de Caza de Galicia, con el objetivo de que los daños causados por la fauna salvaje sean asumidos en su totalidad, y salvo negligencia del coto, por parte de la Administración, tal y como ocurre en otras comunidades como el Principado de Asturias.

La legislación actual otorga la responsabilidad del pago de los daños a los Tecores y sociedades de caza, o lo que es lo mismo, a los cazadores, que no cuentan con medios económicos para afrontar los pagos, lo que acaba suponiendo que los ganaderos y agricultores afectados tengan que recurrir a la vía judicial, que acaba en la mayoría de las ocasiones con una declaración de insolvencia.