La Lei de Protección e Benestar dos Animais de Compañía en Galicia, aprobada en el Parlamento el 26 de septiembre con los únicos votos del Partido Popular, entrará en vigor mañana. Y lo hará con el explícito rechazo de la Federación Galega de Municipios e Provincias, (Fegamp), cuya junta de portavoces se reunió ayer en Oroso, concello del que es alcalde Manuel Mirás, vicepresidente ejecutivo de esta entidad. Mirás avanzó que «ao mellor temos que ir ao contencioso administrativo coa lei por non incluír unha dotación económica suficiente para que os concellos poidamos facernos cargo das novas responsabilidades que se nos impoñen».

Las críticas de los representantes municipales inciden en el coste económico que supondrá a los ayuntamientos aplicar esta ley de protección animal, por lo que reclaman que la nueva normativa llegue acompañada de una dotación presupuestaria que se adapte al problema del elevado índice de abandonos de animales en Galicia, ya que esta ley obliga al sacrificio cero (permite la eutanasia para casos de animales muy enfermos) y el coste del cuidado de estas mascotas abandonadas lo debe afrontar el ayuntamiento que dé cobijo al animal hasta conseguir su acogida, entrega a su dueño o la adopción.

La Fegamp considera que la dotación presupuestaria que baraja la Consellería de Medio Ambiente para aplicar esta ley, y que ronda los 300.000 euros, es una cuantía del todo insuficiente, ya que una de las obligaciones que deben asumir las administraciones locales es la esterilización de los animales abandonados.

Cumplir con esta exigencia supone desembolso que, según los cálculos que maneja la Fegamp, oscilaría entre los 426 y 581 euros para que cada mascota encontrada quede lista para su entrega. A este importe habría que añadir una tarifa estimada de cinco euros al día por cuidado y manutención, «e aínda que fose economicamente posible, en poucos meses teriamos todas as canceiras e centros caninos saturados», denuncia el vicepresidente ejecutivo de la Fegamp.

«Madrid ten un orzamento de 1,5 millón de euros, que non lles chega a nada, e resulta que teñen menos cans que en Galicia», apostilla Mirás, que pone como ejemplo el gasto añadido de 50.000 euros anuales que supondría para su concello financiar la aplicación de la ley.

La Fegamp solicita nuevamente una reunión con Mato para trasladarle también el problema añadido de los propietarios que no inscriben a sus mascotas en el Regiac (Rexistro galego de identificación de animais de compañía), un problema que dificulta la pronta entrega de animales perdidos, lo que a su vez dispara el gasto para atenderlos.

Tras tener conocimiento de estas denuncias de la Fegamp, la Consellería de Medio Ambiente cuestiona el anuncio de este recurso contencioso porque este tipo de reclamación no es aplicable a una ley y resalta que es un documento aprobado por el Parlamento de Galicia.

Los ciudadanos solo podrán recoger animales en situaciones de emergencia

Mientras la Fegamp centra sus críticas al aspecto económico que supondría cumplir esta ley, entre las entidades animalistas y protectoras las críticas se centran especialmente en lo que consideran las lagunas del documento, si bien parte de ellas tienen mucho que ver con las competencias que la Xunta asigna a los ayuntamientos. Una de ellas es que el único destino legal para los animales recogidos sean los centros autorizados y que las personas que encuentren a un animal abandonado no puedan recogerlo sin la autorización expresa de los concellos, salvo situaciones de emergencia, ya que se exponen a multas de hasta 500 euros.