Así se lo comunicaron ayer el jefe territorial en Pontevedra, José Luis Díez, y su homólogo en la sección de caza, Javier Llanos Tato, a los representantes sindicales, ganaderos y cazadores que asistieron a la reunión convocada en Pontevedra para analizar la problemática.

La Xunta reconoce que urge diezmar la población del cerdo salvaje, "pero no admite que sea una plaga", apunta el secretario general comarcal de Unións Agrarias, Román Santalla, presente en el encuentro, en el que también participaron el presidente de la sociedad de caza de Silleda, José Antonio Pena (Toxa), un representante de la de Lalín, y el máximo responsable de la Federación Provincial de Caza de Pontevedra, además de ganaderos y miembros de los sindicatos Xóvenes Agricultores y Sindicato Labrego Galego.

El sector plantea que, en casos excepcionales, no se tengan en cuenta los límites de los tecores, de modo que los cazadores puedan sobrepasarlos para seguir al jabalí. También que se autorice el sacrificio puntual de las crías para espantar al animal, una práctica que ya se realiza en Francia con buenos resultados. Ambas medidas están prohibidas por la Ley de Caza de Galicia, cuya fase de alegaciones remata el próximo día 18. Los sindicatos piden que se modifique. Para ello, Unións Agrarias mantendrá reuniones en los próximos días con los distintos partidos políticos con representación en el Parlamento gallego -ya lo hizo la pasada semana con el secretario de organización del PSOE, Pablo García- para que atiendan sus reclamaciones.

"La solución pasa por diezmar la población, y las sociedades de caza se comprometieron a ayudar, a darle duro", sostiene Santalla. Las de Lalín y Vila de Cruces comienzan hoy las batidas. La Xunta también autorizará esperas durante todo el año en las comarcas, catalogadas como Zona 1 de afectación. La delegación territorial asegura que en la provincia se han realizado este año 1.316 batidas, 307 de ellas, en Deza y Tabeirós.

Sin dinero para indemnizar

Los productores continuarán sin recibir indemnizaciones por daños. "Nos dijeron, tajantemente, que no había un céntimo", explica Santalla. Sus denuncias oficiales son el mejor indicador de la realidad, pero son "inútiles" desde hace años. La Xunta se compromete a realizar una estadística de la población del cerdo. "No es una solución, pero nos ayuda a ver la importancia del problema", apunta el sindicalista, que insta a los ganaderos a que hagan públicos los daños. "La mejor denuncia se hace a través de los medios de comunicación; es la única manera de que vean que tenemos un problema", concluye.