Numerosas licencias de caza se tramitaron de forma fraudulenta entre el 2009 y finales del 2012 en Galicia. Los responsables de despachar estos permisos de manera presuntamente irregular habrían sido funcionarios de la Dirección Xeral da Conservación da Natureza, adscrita a la Consellería de Medio Ambiente. Todo comenzó a partir de que, en el 2008, la Xunta estableciera obligatorio la realización de un examen para conseguir esta acreditación. Por ahora se desconoce el número exacto de licencias concedidas por métodos ilegales, aunque la investigación no descarta que hayan sido cientos.

La Fiscalía de Medio Ambiente, en colaboración con el Seprona, está al frente de unas diligencias que se están desarrollando a nivel autonómico. Según explicaba ayer una fuente de la investigación, las pesquisas se está llevando con «la máxima discreción» hasta que se inicie el sumario y el trabajo realizado se presente ante el juez.

Lo que sí está confirmado es que cada uno de los documentos que se gestionaron de manera ilícita durante al menos cuatro años tenía un precio de 150 euros, importe que contrasta con los 15 o 30 euros -en función de la edad- que hay que pagar de tasas para acceder al examen, con la diferencia de que, de esta forma, evitaban tener que pasar la prueba.

Una fuente de la investigación explicó ayer que «esta licencia era necesaria para que las personas que la demandaban lograsen el permiso de armas, que era realmente su objetivo». Cabe indicar que la expedición de este último documento no es competencia de la Xunta, sino de la Guardia Civil.

Cifras concretas

Aunque por ahora resulta muy difícil estimar la cantidad de permisos que fueron cursados irregularmente, lo que está confirmado por fuentes oficiales es que en el bienio 2010-2011 se dio luz verde a unos 140 documentos solo en la provincia de A Coruña.

Un portavoz del Gobierno gallego señaló ayer que será la Fiscalía o el Seprona los que determinen el número exacto de licencias espurias: «Nosotros pusimos en conocimiento de las fuerzas de orden los hechos desde el primer día. A partir de entonces colaboramos en todo facilitando lo que se nos ha requerido», añadió.

Otro dato que ha trascendido después de meses de pesquisas es el modus operandi de la trama, que tenía su base en A Coruña, ciudad en la que supuestamente había uno o varios funcionarios que recibían los encargos, los ejecutaban y se encargaban de hacer llegar los papeles a los contactos que los habían demandado.

Uno de los detalles que más está llamando la atención es la celeridad con la que se tramitaban las licencias, ya que, según fuentes de la investigación, «tardaban entre una o dos semanas, como mucho», tiempo que sería mucho más corto que realizando los pasos que marca la Administración.