La tendencia a la concentración de cotos de caza para conseguir tecores más extensos, incluso de ámbito supramunicipal, se rompe en Becerreá y origina una polémica. Actualmente está en tramitación uno nuevo de unas 3.000 hectáreas, fruto de la segregación de terrenos de otros dos, el San Juan y el de Quintá de Cancelada. Ambos se oponen a la iniciativa y, al menos uno, denunció supuestas prácticas coactivas para conseguir firmas de los propietarios de los terrenos, a la vez que reclamó rigurosidad en el proceso.
El asunto incluso puede tener un trasfondo político, aunque por lo menos formalmente se trata de un problema de falta de entendimiento entre cazadores. Incluso el Concello interviene a través de un acuerdo que tendrá que ser adoptado esta tarde por la corporación municipal. El alcalde, Manuel Martínez Núñez, dijo que pretenden evitar entrar en las relaciones entre los cazadores, pero justificó una propuesta suya contraria a la división de los cotos por afectar a montes comunales y por ir en contra del espíritu de la Lei de Caza de Galicia.
Martínez lleva al pleno una propuesta de alegación al expediente abierto por la Consellería de Medio Ambiente para la creación del nuevo coto. Argumenta para informar desfavorablemente que se debe mantener la actual configuración porque se adapta más a la finalidad de los tecores y, en consecuencia, la segregación no protege ni fomenta la población cinegética, para el aprovechamiento generalizado de forma más ordenada y beneficiosa. Alude los montes comunales en esos cotos, de propiedad compartida. Los responsables municipales consideran que, por el contrario, aún se deberá fomentar la agregación para conseguir un terreno más amplio para la caza.
De todas formas, la propuesta del alcalde matiza que, en todo caso, el organismo municipal no se opondrá a la segregación si todos los vecinos están de acuerdo, detalle que cuestiona. «Según afirmacións comunicadas por algúns destes veciños non é así, téndose producido ademais presuntas irregularidades no proceso de obtención de firmas e autorizacións».
En relación con lo anterior, el alcalde propone instar a la Xunta a que valore adecuadamente y requiera un nuevo consentimiento de los afectados por la segregación. También propone comprobar la situación de las parcelas.