Con esta decisión tomada, se interrumpe un proyecto modélico y avanzado de gestión de los recursos naturales, que se iniciaba allá por el año 1991, y que ha posibilitado el relanzamiento y la puesta en valor de los recursos cinegéticos del territorio. Una gestión equivocada de la caza mayor en los últimos dos años —cuya responsable es únicamente la Diputación Foral alavesa— y una política de recortes presupuestarios que ha optado por apoyar otros proyectos con más tirón mediático que la supervivencia del mundo rural, van a provocar a partir del próximo sábado, la pérdida de al menos 10 puestos de trabajo directos entre guardería y personal técnico, y van a privar a las Entidades Locales de su principal fuente de financiación, por no citar el previsible deterioro del campo alavés, al quedar los terrenos convertidos en zonas de aprovechamiento cinegético común.
Por otra parte, si la mala ordenación del recurso ha provocado un incremento de la siniestralidad de más del 60% en el último bienio, ahora, la falta de aprovechamiento, sin duda, repercutirá en un notable incremento descontrolado de las poblaciones de caza mayor que redundará aun más en un aumento de esta problemática o de otras que queden por venir, como los daños a la agricultura.
Sin duda el medio rural alavés va a perder una de sus principales riquezas, que ojalá, con políticos con mayor amplitud de miras, podamos recuperar algún día. Mientras tanto, los cazadores alaveses tendrán que conformarse con aprovechar las especies migratorias —únicas autorizadas a cazar en las zonas libres— y, muchos de ellos, paradójicamente, tendrán que seguir pagando indemnizaciones por siniestros en carretera, pero ya no como cazadores, sino como propietarios de los terrenos colindantes con las carreteras, tal y como dicta la jurisprudencia de nuestros tribunales de justicia.
Teófilo Ruiz de Viñaspre, Presidente de ACCA