Ecologistas y cazadores tienen en común su pasión por los animales, y ahí se acaba la comparación. El anteproyecto de la Lei de Caza presentado por la Xunta el lunes también ha suscitado reacciones divergentes en ambos colectivos. Uno de los puntos en que han chocado es en la propuesta de rebajar la edad para conseguir una licencia de caza de los 16 a los 14 años. Mientras que para los aficionados a la caza, lo "mejor" es que se produzca una "incorporación" a esta actividad a una edad temprana, los defensores de la naturaleza agrupados en la plataforma "Matar por matar non" –que integra a una treintena de asociaciones, desde Adega a la Federación Ecoloxista Galega pasando por Verdegaia o la Sociedade Galega de Historia Natural– consideran que abrir la puerta a ese acceso supone un retorno "a la caverna".
Javier Nogueira, presidente de la Federación Galega de Caza, defiende la incorporación temprana a las batidas. "No creo que por incorporarse a la actividad cinegética a los 14 años tengan un trauma", alega, para añadir que "cuanto antes se inicien, mucho mejor".
Además, lo que sugiere la Xunta en su anteproyecto implica que Galicia se "armonice" con la mayoría de las comunidades del Estado. Y añade que a pesar de que el Gobierno gallego ha insistido en que tal incorporación no implica el uso de armas, el Reglamento de Armas, una norma que depende del Gobierno central, sí contempla esa posibilidad, aunque solo para cierto tipo de escopetas y bajo la tutela de un adulto.
Los ecologistas no lo ven del mismo modo. "Matar por matar no" cree que "permitir que los niños presencien y participen en matanzas de animales es una regresión en la educación y en la concienciación hacia el trato digno y sin crueldad hacia las demás especies", argumentan en un comunicado en el que además enfatizan que la futura norma legaliza "prácticas irregulares", como la caza en zonas vedadas. Este colectivo lamenta también que sus sugerencias no hayan sido tenidas en cuenta.
Quienes están satisfechos con el "espíritu" de la ley –aunque harán matices si se tercia cuando analicen el borrador– son los cazadores. Nogueira aplaude que la norma vea la caza "una herramienta de gestión ambiental". "Sin la caza, la circulación por carretera sería más insegura y actividades como la agricultura no serían posibles", señala, y lo avala con los 14.000 jabalíes abatidos durante el pasado año.
Los sindicatos de agricultores y ganaderos también se quejan de que Medio Rural no los escuchó para elaborar la norma, y eso que, como dice Xosé Rodríguez, de Unións Agrarias, es en sus campos donde se caza y además son ellos quienes "alimentan" a los animales. En lo que les afecta más, que se autoricen cazas de jabalíes (y corzos) de manera "preventiva", antes de dañar los sembrados, están de acuerdo, pero lamentan que la ley no marque "claramente", según Rodríguez, "la responsabilidad de tecores y Xunta". Este sindicalista recuerda que siguen esperando las ayudas de 2009 por daños del jabalí en los sembrados y que en los años posteriores ni se convocaron, cuando el campo necesita estas indemnizaciones para "subsistir" porque los jabalíes "son una auténtica plaga". Eso "no ocurría", dice, hace años. Cuando la gente vivía en el campo y se cultivaban más tierras. Por eso cree que la solución pasaría por revitalizar el campo y, sobre todo, que "no acabemos pagando los de siempre".
Lo mismo defiende el Sindicato Labrego Galego, que considera que hay que "impedir a medio y largo plazo que se sigan abandonando las tierras", que además hacen "falta", para que especies como el jabalí no prosperen tanto. Porque además, avisa, "no son fáciles de cazar".