El plan de gestión del lobo, que pretende mantener la población actual -unas 68 manadas- en un marco de coexistencia con el mundo rural y las actividades agropecuarias, parte de la base de que la población actual es adecuada para los 29.575 kilómetros cuadrados de Galicia.

El responsable de Medio Ambiente destacó que se han incrementado las ayudas a los ganaderos hasta alcanzar los 100.000 euros -80.000 en el 2007 y 50.000 el año anterior-, aumentos que no se deben exactamente a un mayor número de ataques, sino a la ampliación de las subvenciones a todo tipo de reses, tanto en ganadería intensiva como extensiva.

El plan de gestión del lobo tendrá diez años de vigencia y será objeto de seguimiento en un foro en el que se integrarán asociaciones de ganaderos, sindicatos agrarios, grupos ecologistas, cazadores, universidades, oenegés y la propia Administración.

La iniciativa pretende minimizar la conflictividad generada por los daños que ocasionan estos animales y desarrollar programas de participación social para que todos los sectores asuman su corresponsabilidad en la gestión y conservación de la especie. Contempla además la creación de un centro de interpretación del lobo. En el plan se establecen tres zonas de gestión. En las dos primeras participarán los cazadores y la tercera será exclusiva para técnicos del departamento de la Xunta.

Mastines

El conselleiro, en este marco de presentación del plan de gestión del lobo, firmó un convenio con la Asociación de Criadores de Ovino e Caprino de Galicia (Ovica), por el que la Xunta destinará 40.000 euros a la compra y adiestramiento de 35 cachorros de mastín para proteger el ganado. Medio Ambiente distribuirá un manual al respecto y ofrecerá ayudas por los daños causados por el lobo.

La presidenta de Ovica, Araceli Pillado, señaló que este convenio permite disponer de instrumentos eficaces para minimizar daños, pero observó que las ayudas no los cubren en su totalidad, por lo que valoró más las medidas preventivas.

El conselleiro resaltó que los pagos por daños se demoran unos cuatro meses y recordó que al inicio del mandato eran numerosas las denegaciones, al contrario de lo que ocurre en estos momentos.