Con la pesca al menos hay un consenso parcial con Castilla-La Mancha. Con la caza sin embargo el acuerdo más ambicioso, el nacional, parece imposible. Extremadura, una de las comunidades más entusiastas con la idea, comprueba que se agotan las opciones para que cuaje la unificación en un documento para todo el Estado, no 17 regionales, los requisitos para homologar el carné de cazador que permita moverse sin más trabas por otros territorios. Mañana en Zaragoza se celebra una reunión del reducido grupo de autonomías que quieren implantar la licencia única de caza, aunque las perspectivas no son halagüeñas.
Cuando a Mariano Fernández Bermejo, entonces ministro de Justicia, le sancionaron con 2.000 euros en 2009 por cazar en un pueblo de Jaén sin tener la licencia de Andalucía (dijo que pensaba que estaba en territorio castellano-manchego, donde sí contaba con permiso de caza), algo se movió dentro de la compleja maquinaria administrativa del Estado autonómico. Bermejo dimitió y seis regiones (Andalucía, Baleares, Castilla y León, Cataluña, Comunidad Valenciana y Aragón) sellaron un protocolo de colaboración para liberar a los cazadores y pescadores de la obligación de tener una licencia de caza o de pesca distinta en cada región. A ese protocolo se sumaron dos territorios más en 2010, entre ellos, Extremadura. A día de hoy, no funciona en ningún sitio.
Trabas
Fueron ocho las autonomías que apostaban por una licencia única. Ahora solo mantienen la idea Extremadura, Andalucía, Aragón, Cataluña y Castilla y León. El presidente Fernández Vara ha abogado por un acuerdo más general. Ahora se duda incluso del acuerdo entre vecinos. «Aunque parezca mentira, la cosa está complicada. Las grandes trabas vienen por los requisitos para la licencias en cada autonomía. Consensuar uno único no es sencillo», indican fuentes de la Consejería de Industria y Medio Ambiente, que en cambio, han valorado que la región y Castilla-La Mancha compartan licencias de pesca, lo que beneficiará a 113.000 extremeños en los cursos de agua o tramos colindantes de los ríos Guadiana, Frío, Estomiza, Estena y Tajo.
«Me parece lamentable. Parece que vivimos en repúblicas independientes y no en una nación. La falta de acuerdo viene porque las autonomías no están dispuestas a desprenderse de su cuota de poder recaudatorio y no por las dificultades de unificar un documento porque las prácticas cinegéticas son casi iguales en todos lados», reflexiona Antonio Bueno, de la Asociación de Gestores Extremeños de Caza.
Además del galimatías de permisos de caza, el sector advierte de otro hecho, aunque puede ser un problema puntual. En un año, el número de licencias de caza formalizadas en Extremadura ha bajado en un número de 7.000. En marzo, en vigor habían 83.159. En 2010, llegaban a 90.000. «La caza, que genera mucha riqueza (unos 400 millones) para la región es un ocio y, en tiempos malos, muchos prescinden de ella», agrega Bueno.