La Federación Galega de Caza presentará alegaciones, junto al resto de agrupaciones del sector en España, contra el borrador del nuevo reglamento de armas del Ministerio de Interior por considerar que el documento los trata como "presuntos delincuentes" y no garantiza una mayor seguridad ciudadana. Una reclamación que apoyan las armerías, que también reclamarán ante el Gobierno central, porque aseguran que las restricciones de la norma supondrán su "debacle".
El punto más polémico del texto es el de la prohibición de las armas semiautomáticas que tengan cargadores móviles para más de tres cartuchos, que suponen la mitad de las que se poseen en España y en Galicia. La anterior norma ya restringía que se realizaran más de tres tiros y, según explica el presidente de la federación gallega, José María Gómez, se había comercializado un adaptador para impedir colocar más proyectiles. La solución pasa ahora por inutilizar estas armas, aproximadamente medio millón en España, y hacer perder entre 800 y cinco mil euros a los que las compraron.
"No son más seguras porque tengan sitio para diez cartuchos", lamenta Gómez, que ejemplifica en la velocidad de un vehículo lo ilógico de la medida. "Un coche puede ir a 200 kilómetros por hora, pero si hay prohibición a 120 se tiene que cumplir, o sancionar al que no lo hace", explica.
La renovación de las licencias es otro de los puntos en el que los cazadores no están de acuerdo. Hasta ahora, relatan, sólo hacía falta tener una certificación limpia de penales, pero ahora se podría ampliar la restricción a la aparición del interesado en cualquier registro administrativo, civil o penal. "Si es por una condena, nos parece bien, pero porque cualquiera pueda denunciar a otro, por motivos económicos, por ejemplo, no", denuncia el portavoz de los aficionados gallegos, que insiste en que sólo tendría que tenerse en cuenta para revocar un permiso los delitos "relacionados con violencia".
Desde la federación gallega consideran que no se está focalizando la norma en la seguridad ciudadana y que, al contrario, se promueven situaciones que no ayudan a mejorar la imagen de la ciudadanía de los poseedores de armas. El presidente de los cazadores gallegos comenta cómo el reglamento de Interior mantiene "indeterminado" el concepto de abandono de arma. En el intento de que no se dejen al alcance de cualquiera un rifle o una pistola, el Gobierno central pretende que el dueño las controle en todo momento, pero llegando a puntos que Gómez califica de "intolerables".
En el caso de llevar un arma en el coche, dice, en la maleta cerrada y que el conductor vaya al aseo de una gasolinera, la Guardia Civil podría multarlo. "Llevándosela, la alarma entre la gente sería mayor, se generaría más inquietud social", critica.
Por último, entre las quejas más repetidas por parte de los afiliados -alrededor de 25.000, la mitad de los cazadores de Galicia-, Gómez recuerda que también se limita el número de armas que puede poseer una persona. "No es un gran problema, pero coarta la libertad individual y no va a aumentar la seguridad", expone. Cree que los gustos de cada cazador a la hora de elegir arma quedarán muy limitados y también afectará a aquellos con mayor capacidad económica, que se podían permitir tener muchas armas, aunque sólo utilizaran una en cada ocasión.
El presidente de la Federación Galega de Caza opina que, en términos generales, el nuevo reglamento "necesita una relectura por parte del Ministerio de Interior" y advierte de que no hubo diálogo previo con el sector. Al ser un borrador, Gómez todavía confía en que haya una negociación "con calma" a partir de las alegaciones que se presentarán hasta el día 27 de este mes. "No somos presuntos delincuentes, somos ciudadanos normales", defiende.
Mazazo para el negocio
Las reclamaciones de las armerías son similares a las de los cazadores, aunque le añaden el tema económico. Alertan de que el 80% de las ventas de armas son semiautomáticas por lo que denuncian que la aprobación de la norma sería un "mazazo" para la industria y provocaría la "debacle" del sector, además de que es el arma, apuntan, "más popular entre los españoles". Destacan que el 90% de las escopetas y el 100% de los rifles de este tipo son importadas y tienen un cargador modificable, por lo que la nueva norma estatal obligaría a que se dejase de utilizar este tipo de arma. Ya no sólo en la caza, sino también en competiciones deportivas que creen que esta medida hará desaparecer.
Fabricantes y comerciantes están enviando en estos días al Ministerio de Interior cientos de alegaciones tipo que se están moviendo por toda España a través del correo electrónico. En el documento alertan de que ya han sufrido una caída del 40% de las ventas por la crisis, por lo que este nuevo reglamento será, dicen, "un desastre desde el punto de vista económico".
Además del negocio, coinciden con los cazadores en que se está criminalizando a los dueños de armas en España: "Es un colectivo honrado y cumplidor de leyes por lo que no existe causa justificada para perjudicar a los usuarios de armas legales, privándoles de bienes legalmente adquiridos y menoscabando su patrimonio".