La temporada de caza 2016-2017 que  terminó el martes pasado se ha saldado en la provincia con siete accidentes -ninguno mortal, aunque varios por disparo-, y más de quinientas actuaciones del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil, de las cuales la mitad dieron pie a denuncias por infracción administrativa.

No son datos abultados, y “bajísimos”, en el caso de los accidentes, según el teniente  de la Guardia Civil Esteban de Diego, jefe del Seprona en la provincia, si se tiene en cuenta que en Ciudad Real hay unas 20.000 licencias de caza, y los datos abarcan  los doce meses que van desde el final de la temporada anterior (febrero de 2016), a la recién clausurada.

La mayoría de infracciones, el 80%, se detectan en época hábil excepto las penales o relacionadas con la caza furtiva, estas últimas sobre todo en la época de berrea.

“Pese a lo que pueda parecer desde fuera, para nosotros la caza es casi el menor de nuestros problemas. Con carácter general la ley se cumple, es una actividad regulada, muy conocida y arraigada”, subraya el teniente.

De hecho asegura que las denuncias por maltrato de animales domésticos son el delito ambiental que más ha subido en el último año, pero desligado de esta actividad.

“El maltrato animal no se le puede achacar ni a la caza ni a los cazadores, aún cuando haya algunos casos que los cometa un cazador”, señala el teniente jefe del Seprona, “no tenemos ni cifras, ni la impresión de que el problema del maltrato animal tenga nada que ver con la caza”, apostilla.

El jefe de la Guardia Civil ‘verde’, que dispone de un número limitado de efectivos para cubrir una extensión geográfica muy amplia en esta provincia, reconoce haber llegado a estar un poco desbordado por el número de denuncias. “Que se denuncie  el maltrato animal es bueno. Aquí la colaboración ciudadana es fundamental, y está funcionando muy bien, igual que la de los profesionales veterinarios”.

De Diego explica este repunte en parte por el número de mascotas, pero sobre todo por la sensibilización social, “cada vez mayor a un problema que probablemente ha existido siempre pero no se denunciaba”.  

Los casos más graves del último año, como el abandono de varios galgos desnutridos en el campus de Ciudad Real, o el de un perro al que le rociaron los ojos con ácido, “han sido en el ámbito urbano. No puedo decir que no haya ninguno vinculado a la caza, pero si se compara la cantidad de animales que se utilizan para ese deporte con las denuncias son mínimas”.

Con la veda el Seprona relaja su “marcaje” a la caza. En temporada hábil se programan inspecciones de cacerías y monterías, en la medida que se puede: “Nuestras comprobaciones cinegéticas son documentales, pero lo que más nos importa es que se cumpla la seguridad de las personas”.

 Así, en el último año se han hecho 250 inspecciones de este tipo, que se practican en cacerías concretas en las que se revisa tanto la documentación de los organizadores como la de los participantes. En ocasiones los agentes son requeridos expresamente a una batida, mientras que otras entran dentro del servicio.

A veces la vigilancia se desplaza de unas comarcas a otras, “en función de si observamos que en una zona pasa algo inusual”.

La recomendación genérica para quienes participan en una cacería o montería es que se extreme la seguridad, “sobre todo en aquellas en las que se concentran muchas personas y armas de gran calibre”.

Este año la temporada hábil de caza mayor finalizó el pasado 21 de febrero y la de la perdiz con reclamo el pasado martes 28.

Ningún lince muerto por la mano del hombre

Dentro del amplísimo ámbito competencial del Seprona se encuentran los delitos contra la fauna protegida. Sobre estos últimos el teniente Esteban de Diego señala que en el último año se ha notado una mejoría respecto al uso del veneno (repuntó en el periodo 2010-2015 según un informe de Ecologistas en Acción de esta semana).

“Por fortuna no hemos tenido ningún caso tan grave como el de las águilas del Viso. Parece que van descendiendo las infracciones. Desde la prudencia creo que la gente se va concienciación de que hay que desecharlo para eliminar predadores, puesto que se puede desencadenar una catástrofe en la cadena trófica. Existen otros métodos que se pueden utilizar con la preceptiva autorización”.

Tampoco ha habido muertes de linces atribuibles a una acción penal  humana, al margen de los atropellos, como ocurrió en los primeros años de la sueltas del programa Iberlince (2014-2015).