Entre el 2010 y el 2012, cualquiera que pasara por el edificio administrativo de la Xunta en A Coruña para obtener la licencia de caza se encontraba con el funcionario ahora condenado, que le ofrecía el carné por cantidades de entre 15 y 300 euros -según el poder adquisitivo del futuro cazador- sin tener que pasar por el examen de aptitud. Con poner el dinero en su mesa, siempre en metálico, ya se podía salir al monte armado con una escopeta.

Al empleado le destaparon la trama en el 2014 y ayer se iba a celebrar el juicio en la Audiencia Provincial de A Coruña. Pero hubo un acuerdo previo entre su abogado y la Fiscalía. El acusado reconoció los hechos y asumió una pena de un año y seis meses de prisión por un delito de falsedad documental y seis meses más por otro de estafa. También fueron procesadas otras tres personas, colaboradoras del funcionario -la titular de una armería de Melide, el socio de una asesoría de Santa Comba y un amigo que compartía beneficios económicos por la expedición de licencias-. Estos aceptaron un castigo de siete meses de prisión por un delito de falsedad documental y seis meses por un delito de estafa.

Según la sentencia, el trabajador, de la Consellería de Medio Ambiente, estaba empleado como personal laboral fijo en el servicio que se encargaba de la expedición material de las tarjetas de las licencias de caza. Sin embargo, en lugar de informar a los ciudadanos del procedimiento reglamentado, les solicitaba diversas cantidades de dinero que recibía en metálico y que no ingresaba en las cuentas bancarias correspondientes.

Pruebas de aptitud

En aquellos años, entre el 2010 y 2012, la expedición de las licencias de caza por la Xunta exigían la realización de unas pruebas de aptitud que se realizaban en el Servicio Provincial de Conservación da Natureza de las jefaturas territoriales de la entonces Consellería de Medio Ambiente.

Lo que hacía el procesado era entregar directamente las licencias a cambio de una cantidad de dinero -en la mayoría de los casos se trataba de 50 euros; si bien hubo personas que se hicieron con la licencia por solo 15 y otros pagaron hasta 300-. Cerca de 40 personas pagaron a los procesados por los carnés.

Incluso después de cesar en el negociado el 24 de febrero de 2012, accedió fuera del horario de oficina en varias ocasiones a los despachos para, utilizando las diversas contraseñas, expedir en las mismas condiciones las tarjetas que aparentaban la concesión de licencias de caza, aunque en realidad los actos administrativos correspondientes no llegaron a producirse.