Siete años después de que, presuntamente, ocurrieran los hechos, cinco personas que estaban al cargo de la perrera municipal de O Carballiño se sentaron en el banquillo de los acusados del juzgado de lo penal para responder por los delitos de maltrato animal continuado y contra el medio ambiente que les imputan dos grupos ecologistas. El caso, en el que la Fiscalía de Ourense no ve delito, tiene su origen en una denuncia de la sociedad ecologista Matar por matar, non, tras el hallazgo de numerosos perros muertos en una fosa.

Sobre la existencia de aquel hoyo sin aislamiento alguno en el que se depositaban los animales cuando fallecían no quedan dudas después de oír las declaraciones de ayer. Dos agentes del Seprona que hicieron una inspección en el recinto en marzo del 2009 aseguraron que encontraron numerosos cuerpos de perros muertos en un agujero excavado en la tierra, de tres metros de largo por dos de ancho. Ambos coincidieron en que dentro «había bastantes cadáveres, algunos en estado de putrefacción y otros no, algunos cubiertos con cal viva. También había cachorros y perros con heridas recientes, incluso se veía sangre fresca».

Tampoco quedaron dudas sobre las insalubres condiciones en las que vivían los animales. Tanto los acusados como los agentes aseguraron que no había luz ni agua corriente en la perrera y que no existía ni siquiera una sala de curas para tratar a los animales heridos en las frecuentes peleas que, según los empleados, había en la instalación. «Les echábamos betadine», dijo uno, mientras que otro se limitó a reconocer que «los dejábamos en una jaula». Los agentes también reflejaron en su atestado que varias jaulas estaban «muy saturadas», mientras que había otras vacías y lo que más les llamó la atención fue el «déficit de perros», dijo uno de ellos. El agente explicó que según el recuento (del que no hay registro por escrito) de quienes habían gestionado la perrera hasta el 31 de diciembre del 2008, la asociación ecologista Outeiro, había unos 220 perros cuando se hizo cargo de la instalación el Concello de O Carballiño. En el momento de la inspección de los guardias, dos meses después, esa población era mucho menor. «Había 142 animales, nosotros mismos los contamos», dijo el agente, al que le pareció inusual tan alta mortandad. «Sabemos que en las perreras hay muchas peleas, pero era algo desproporcionado», afirmó. Estos agentes también afirmaron que nunca antes habían visto esa fosa.

Intentos de mejora

Ninguno de los acusados, sin embargo, reconoció que desde que ellos asumieron la gestión ?a cuyo frente se encontraba María Josefa Pérez Vázquez, ex edila socialista de Medio Ambiente? hubiese habido más muertes de animales. «Nosotros siempre intentamos que las cosas mejorasen», dijo Pérez durante su declaración, reconociendo, eso sí, que «seguimos echando los perros a la fosa porque no los podíamos incinerar, no había medios, era una medida transitoria», aseguró. Todos los imputados, entre los que se encuentran José Ángel Hermida, Carlos Vázquez, Mónica Feijoo y José Manuel Carou, reconocieron la falta de luz y agua en la instalación ?bajo gestión municipal eso fue finalmente solucionado? y atribuyeron las muertes de animales, «una o dos al día o a veces ninguna», a las peleas que tenían lugar por la noche. También coincidieron en la falta de medios económicos para mantener la instalación y uno de ellos, un cuidador, reconoció que durante el año y medio que trabajó allí vio a un veterinario «un par de veces».

Mientras que todas las defensas piden la libre absolución para los imputados, algunos alegando prescripción, las acusaciones reclaman condenas de hasta un año y siete meses de cárcel, además de la inhabilitación.