En noviembre de 2015 la Comisión Europea, en el contexto reciente de los atentados yihadistas de París, realizó apresuradamente una propuesta de modificación de la Directiva de Armas Europea que sirvió para “enmascarar sus carencias en materia de seguridad ciudadana y la incapacidad para salvaguardar la integridad de los ciudadanos europeos”, según afirman desde la Asociación Nacional del Arma (ANARMA). Para ello, la Comisión inició una propuesta legislativa con la intención de prohibir los rifles semiautomáticos, el coleccionismo de armas y el comercio por Internet, entre otras acciones. En vista a esta decisión, desde ANARMA denunciaron diversas irregularidades debidas a la prisa del proyecto, entre ellas la falta del preceptivo estudio de impacto económico, social y medioambiental.

“Estas medidas sólo afectarían a los usuarios legales de armas, en ningún caso a terroristas u otros delincuentes. Delincuentes que se abastecen de armas en el mercado negro, no en armerías, para cometer sus crímenes”, siguen desde la organización. Desde el momento que se conocieron estas propuestas, ANARMA, junto con el resto de asociaciones europeas integradas en la confederación Firearms United, comenzaron una campaña informativa de denuncia de estas medidas propuestas en todos los países de la Unión Europea.

La propuesta de modificación de la Directiva de Armas comenzó los trámites legislativos y empezó su recorrido por varios comités del Parlamento Europeo, además de paralelamente en el Consejo de la Unión Europea. El primero en pronunciarse, el 9 de mayo, ha sido el Comité de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior del Parlamento Europeo, más conocido por su acrónimo LIBE, donde la mayoría de los europarlamentarios decidieron votar contra todas las propuestas de la Comisión Europea. “En una votación que podemos considerar histórica, ya que algunos europarlamentarios votaron en conciencia contra la disciplina de voto de algunos de sus partidos”, consideran en ANARMA.

Meses antes de esta votación, ANARMA y Firearms United mantuvieron numerosas reuniones con europarlamentarios de todos los países para informarles del “abuso que suponía a los derechos y libertades, además del perjuicio económico para un sector que supone una facturación de 40.000 millones de euros y 580.000 puestos de trabajo”.

A pesar de las decisiones tomadas, Ministerios de Interior de diversos países, a través de sus representantes, como la Guardia Civil en el caso de España, siguen discutiendo las propuestas con diferentes criterios y actitudes. Los agentes españoles de este cuerpo asignados “están promoviendo medidas aún más restrictivas que las propuestas inicialmente por la Comisión Europea”.

ANARMA considera clave la falta de gobierno en España como factor determinante para que el máximo responsable de la Intervención de Armas y Explosivos (ICAE) “esté intentando aplicar su propia agenda anti-armas”. Esta postura de los funcionarios españoles ha generado intensos debates con los representantes de algunos países que se muestran menos restrictivos en la materia.

“El ministro del Interior en funciones debería tener en cuenta que estamos en periodo electoral y que su inacción y permisividad con las acciones más o menos autónomas de sus funcionarios en Bruselas y en el ICAE tendrán un coste electoral para su partido. El millón largo de cazadores, tiradores deportivos, coleccionistas de armas y negocios de armería estamos en contra de unas actitudes que hacen que seamos considerados, por el hecho de poseer armas legales, como presuntos delincuentes”.

Acción cívica de protesta        

Con el objetivo de hacer oír la voz de los colectivos afectados, ANARMA está promoviendo una campaña de envío de quejas al Ministerio del Interior denunciando el presunto abuso de sus funcionarios de la Guardia Civil en Bruselas. Información sobre la misma en la página web de esta organización, www.anarma.org