La Oficina Nacional de la Caza, asociación conservacionista y ecologista sin ánimo de lucro, que representa al 80% de los cazadores de España y al 100% de los sectores que giran alrededor de la caza y la naturaleza, con una representación mucho mayor que cualquiera de las organizaciones que pretenden realizar dicho censo del lobo, considera que el aparente estudio, vistas las circunstancias, se va a realizar sin ningún rigor científico y con el objetivo ya marcado previamente de prohibir la caza sostenible del depredador, infringiendo así daños irreparables en ganaderías, otras especies silvestres y diversos hábitats.

En este sentido, la ONC recuerda a las Administraciones, sobre todo al Ministerio de Agricultura, que ya existen censos científicos y rigurosos acerca de la población del lobo tanto en España como en el conjunto de la Península Ibérica, al tiempo que advierte del riesgo que supone mirar para otro lado y permitir una superpoblación de una especie de alto riesgo para muchos sectores. Apela a la responsabilidad del Magrama y solicita que no respalde ni dé validez a ningún estudio realizado sin las más mínimas garantías y con un sesgo desde el inicio.

Sólo en los últimos meses se han registrados ataques de lobos a ganado en Salamanca, Ávila, Hoyos del Espino, Galicia y Vizcaya, lo que ha llevado a las Administraciones autonómicas estudiar el aumento de las ayudas económicas a los afectados por estos ataques. En el caso de Castilla y León, por ejemplo, el censo de lobos realizado de forma oficial por el Departamento de Medio Ambiente ha detectado un aumento del 20% de esta especie en la última década, con más de 1.600 ejemplares distribuidos en casi 180 manadas.

Ante esta situación, la Oficina Nacional de la Caza quiere hacer una llamada a la prudencia y reclama que en cualquier estudio que se haga se cuente también con la participación y la opinión de todos los sectores afectados y que, sobre todo, se haga con el máximo rigor científico posible. Cualquier estudio al respecto debería estar avalado por la participación de la ONC, que se pone a disposición de la Administración en este sentido.