La ministra de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Isabel García Tejerina, firmó ayer el convenio para la puesta en marcha de la Licencia Única Interautonómica de Caza y Pesca, a la que se adherieron las comunidades autónomas de Asturias, Castilla y León, Extremadura y Madrid y al que se sumarán en breve las de Aragón, Comunidad Valenciana y Galicia.
Otra de las regiones que, en principio, se iban a adherir a esta licencia interautonómica era Castilla-La Mancha, sin embargo, el consejero de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural, Francisco Martínez Arroyo, anunció ayer que no lo hará hasta no conocer el reparto de las tasas. Una decisión que no fue bien recibida por el sector cinegético, ya de por sí preocupado por los cambios que quiere introducir el Gobierno de García-Page en la Ley de Caza.
Mientras la ministra Isabel García Tejerina subrayaba las consecuencias positivas que tendrá la implantación de esta licencia para el sector y el medio rural, al favorecer una mayor movilidad de los cazadores y pescadores entre territorios, desde Castilla-La Mancha ahora se condiciona su puesta en marcha en la región en el reparto de los ingresos por las tasas.
«Somos partícipes del interés del Ministerio de que haya una licencia exclusiva para toda España, creo que es una buena medida, pero creo que hay tener en cuenta dónde se realiza la actividad a la hora de repartir los ingresos por las tasas», afirmó ayer el consejero, a preguntas de los periodistas, durante su visita a la Feria de Artesanía de Castilla-La Mancha (Farcama).
Martínez Arroyo destacó que «Castilla-La Mancha es la comunidad autónoma más importante en materia de caza». Aseguró que «aquí, la caza genera 600 millones de euros al año y más de 200.000 jornales de empleo directo. Es una actividad económica primordial y estamos trabajando en resolver estas cuestiones para poder firmar el convenio».
Martínez Arroyo explicó que la convocatoria precipitada por parte del Ministerio hizo inviable que la firma se produjera ayer y argumentó que, en primer lugar, «es necesaria la validación por parte de Hacienda de la pérdida de ingresos que va a suponer el convenio; en segundo lugar, los trámites administrativos desde el punto de vista jurídico y, en tercer lugar, su aprobación por parte del Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha», esos son los pasos que se tendrán que tener en cuenta a partir de ahora, según el consejero.