En un comunicado de prensa, ha lamentado que esta organización este levantando falsedades cuyo único objetivo es «crear alarma en la sociedad civil». 

La principal falsedad, para estas organizaciones, trata de que la nueva Ley va a permitir la caza de perros y gatos por parte de los cazadores, incluso las inocentes mascotas de sus vecinos que se les puedan escapar en cualquier momento de descuido, lo que, han dicho, «es una falacia», pero que ha hecho que no sean pocas las personas que manifiestan su protesta ante tal barbaridad, haciéndose eco incluso medios de comunicación nacionales. 

Estas organizaciones han asegurado que la realidad es muy distinta a la alarma social que han creado y han asegurado que el Anteproyecto de Ley en ni un solo de sus 82 artículos cita a los perros o a los gatos. 

El artículo 7, objeto de referencia, han señalado, lo que establece es que los animales domésticos asilvestrados podrán ser abatidos o capturados por razones sanitarias, de daños o de equilibrio ecológico, previa autorización del Órgano Provincial donde se especificará los medios de captura a utilizar que, en cualquier caso, serán selectivos y no actuarán en perjuicio de otras especies o de sus hábitats. 

Además, han apuntado que el mismo Anteproyecto define qué es lo que se considera animal doméstico asilvestrado, que en nada se parece a lo que pudiera ser el perro o gato de cualquier vecino. 

Según el sector cinegético, este hecho «lo vende» Ecologistas en Acción como novedoso en la futura norma, aunque se contempla en la actual Ley de Caza vigente en la región, como también lo contemplan la mayoría de leyes de otras regiones, entre ellas el más reciente reglamento del año 2005 de Ordenación de la Caza de Andalucía.

Para Aproca y la Federación de Caza el hecho de que no lo hayan criticado en estas comunidades autónomas, y en especial en Andalucía, quizás se debe a los «intereses políticos» de Ecologistas en Acción. 

Para García y Villanueva lo más grave de todo es que los ecologistas hacen esta consideración conociendo sobradamente la problemática de los animales domésticos asilvestrados, por su capacidad de reproducirse, predar a las especies autóctonas, competir con ellas, desplazarlas, alterar sus hábitats naturales e incluso cruzarse con ellas alterando su pureza genética y calidad sanitaria. En este sentido, han indicado que la posibilidad de no actuar sólo pueden ser considerados como una auténtica«bomba de relojería» en la naturaleza. 

Es tal la preocupación que existe para los responsables del Medio Natural del Estado ante la expansión de estos animales y el peligro potencial que suponen que, han recordado, el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente a través del Real Decreto 630/2013, de 2 de agosto, por el que se regula el Catálogo español de especies exóticas invasoras, considera a estos animales asilvestrados como especies exóticas invasoras en su disposición adicional segunda a los efectos de la aplicación de las medidas de lucha contra estas especies. 

Este catálogo es creado en el artículo 61.1 de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, que resulta ser legislación básica estatal sobre protección del medio ambiente, ley creada en la pasada legislatura y que tanto alabaron en su día todos y cada uno de los grupos ecologistas. 

En definitiva, para la Federación y Aproca considera que este grupo ecologista se posiciona en contra de normas de protección del medio ambiente a nivel estatal, derivadas de normas europeas. 

Además, han dicho, con esta postura lo que están haciendo es situarse a favor de la proliferación de los cerdos vietnamitas, coatíes o mapaches, por citar algunos de estos animales, que no sólo están asentando sus poblaciones, sino que se incrementan y se cruzan con animales salvajes con el consecuente grave perjuicio para las especies autóctonas y para el medio natural. 

Para ambas organizaciones, la razones que exponen los ecologistas para oponerse al Anteproyecto de caza son una «batería de falsedades» que, a su juicio, «no tiene desperdicio». 

Entre estas se encuentra que los ciudadanos se pueden encontrar el cierre de caminos públicos por motivos de caza, cuando la competencia de estos corresponde a los Ayuntamientos y la futura ley nada dice en contra al respecto. 

Asimismo han señalado que no es cierto que se incremente el número de cerramientos cinegéticos, cuando no se ha reducido la superficie mínima para ello, o que la nueva Ley de Caza solo se ocupa del aspecto mercantil de la caza, cuando esta ley provocará la desaparición de la mayoría de cotos comerciales dado que se les ha triplicado la tasa de matrícula. 

Finalmente han dicho que si algo tiene esta ley es un claro tinte social, al crear una nueva figura para sociedades de cazadores, las zonas colectivas de caza, donde además se les reduce en un 50% la tasa de matrícula.