La bestia negra de las carreteras gallegas son los jabalíes y los corzos. Pero también los caballos, los perros y los gatos. Solo el año pasado se produjeron 1.415 siniestros en la red viaria de la comunidad por animales sueltos, casi el doble que los 770 ocurridos hace cinco años. Estos datos convierten a Galicia en la segunda autonomía, solo por detrás de Castilla y León, con más accidentes de este tipo. Ante el creciente número de siniestros provocados por la irrupción de animales en la calzada -el año pasado una media de cuatro al día-, la Fiscalía gallega ya ha diseñado su hoja de ruta: los dueños de animales que causen un siniestro de tráfico no solo tendrán que pagar la correspondiente multa sino que además se enfrentarán a penas de cárcel si su comportamiento ha sido doloso. Así lo confirmó ayer el fiscal de Seguridad Vial de Galicia, Carlos Gil, durante una reunión con el fiscal superior, Carlos Varela, y responsables de Tráfico.

Los datos sobre accidentes de tráfico provocados por la irrupción de animales en la calzada hablan por sí solos: en los últimos cinco años se produjeron casi 5.300 siniestros en Galicia, lo que supone una media de tres cada día. Ocho de cada diez siniestros con animales implicados en las carreteras gallegas son provocados por jabalíes, corzos y caballos salvajes y el 20% restante por animales domésticos, la mayoría perros.

En la actualidad, el Código Penal ya recoge este tipo de condena, sin embargo "ha estado durmiendo", según reconoció Carlos Gil, y se ha aplicado en pocas ocasiones. Ya solo el hecho de crear un riesgo para la circulación será motivo para que la Fiscalía pida pena de cárcel. "Si alguien abandona un perro en una gasolinera de una autopista que no tiene otra salida, puede crear un riesgo para la seguridad vial", puso como ejemplo el fiscal de Seguridad Vial. "Este delito - añadió- es doloso". Es decir, si un animal se escapa de una granja no se estará ante este tipo de condena.

En la reunión también hablaron de la responsabilidad penal en los casos de manipulación de tacógrafos -donde aparecen los kilómetros recorridos, las paradas y la velocidad- y la elaboración de un protocolo con la Xunta sobre la recogida de muestras de sangre en los hospitales para detectar alcoholemia.

En el caso de las cajas negras de los autobuses y camiones, la práctica totalidad de las denuncias por parte de la Guardia Civil por manipulación acaba con la imposición de una multa, aunque en el caso de Galicia ya se han producido dos condenas de prisión. En los últimos tres años, la Xunta impuso más de 5.000 sanciones por irregularidades en los tacógrafos.

Sobre la recogida de muestras de sangre a conductores implicados en un accidente, el objetivo es que aun conductor herido se le pueda realizar un análisis de sangre en caso de ser necesario el test. Y es que en la actualidad, los agentes de la Guardia Civil y de la Policía Local necesitan del permiso de un juez para hacer una prueba de alcoholemia a un conductor accidentado. De no corregirse esta situación se corre el riesgo de que haya conductores que queden impunes por no hacerles esta prueba.

Según la Fiscalía, en Galicia se incoaron 8.793 delitos de tráfico en 2013. Pontevedra es la que registró más, con 3.662, seguida de A Coruña, con 2.776, después Ourense, con 1.475 y finalmente Lugo, con 920.