Por su parte, los populares demandan que no se cuestione la norma por "un hecho aislado", tras la muerte de un menor, de 17 años, en Lugo este fin de semana durante una batida.
En el pleno, el conselleiro de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas, Agustín Hernández, ha destacado que la norma pretende contribuir a generar una caza "más sostenible, más ética y más responsable", de modo que sea una actividad no solo "compatible" sino también "complementaria" de la conservación medioambiental.
Ha hecho hincapié en el papel "social" que juega en la sociedad gallega y también ha llamado la atención sobre su función para la "dinamización" del medio rural y en cuanto a la gestión de las poblaciones silvestres que ocasionan daños a ganaderos y agricultores, en los que ha detectado un "incremento" en los últimos tiempos.
El objetivo, ha subrayado Hernández, es "actualizar y adaptar" la legislación vigente --de 1997-- al "profundo cambio" experimentado desde entonces, en el paisaje "productivo" del rural gallego, en las modalidades de caza y en los nuevos hábitat, cultivos y especies.
Galicia cuenta con unos 50.000 cazadores y los 454 tecores existentes --terrenos cinegéticamente ordenados-- dan "buena cuenta" del "arraigo" de esta actividad, que, en materia económica, genera "más de 90 millones de euros anuales", según datos de un observatorio aportados por el conselleiro.
El titular del departamento autonómico ha dado cuenta de algunas de las modificaciones que introduce la ley, como la prohibición de determinadas armas, cambios en el régimen sancionador, en el de las "cargas" que deberán afrontar los cazadores en caso de que se produzcan daños y recomendaciones que ahora se fijan como "obligaciones".
FONDO DE CORRESPONSABILIDAD
Asimismo, ha hablado del "fondo de corresponsabilidad" que crea, que "se dotará con presupuestos propios" para la realización de acciones "preventivas y paliativas". Un "mecanismo novedoso e importante" al servicio de cazadores, agricultores y ganaderos, ha dicho.
"La memoria económica del proyecto no contempla ni un solo euro para este fondo", ha denunciado la portavoz socialista durante el debate, Patricia Vilán. De igual manera, en su segundo turno, la nacionalista Ana Pontón ha criticado que esta "dotación cero" es reflejo de "otra mentira más de este Gobierno, que piensa solo en la propaganda, en la manipulación y en la mentira".
Este fondo "se dotará económicamente una vez aprobada la ley y aprobado el reglamento y establecidos los correspondientes criterios de proporcionalidad", según ha asegurado el popular Santiago Freire, quien ha indicado que la Administración no asumirá estos costes en su totalidad.
"EN CONTRA" DE MEJORAR LA SEGURIDAD
Por su parte, el parlamentario de Alternativa Galega de Esquerda David Fernández Calviño ha centrado su intervención en que, a su juicio, la nueva ley no aporta las suficientes "garantías" en materia de seguridad.
"En lugar de ir a favor de mejorar la seguridad de las personas, va en contra", ha advertido, antes de ejemplificar esto con que quiere que se garantice su seguridad cuando decida ir "a recoger setas" mientras otras personas optan por ejercitar la caza. "No se garantiza que cuando se está ejerciendo la caza los lugares estén adecuadamente señalizados para que otras personas no se encuentren con sorpresas desagradables", ha explicado.
GALICIA, LA "MÁS RESTRICTIVA" CON CANARIAS
En cuanto a la edad mínima para cazar, la diputada del PSdeG ha defendido su elevación hasta los 18 años, porque "es una actividad potencialmente peligrosa" y si para conducir es preciso tener 18 años, "para portar un arma también" debería ser así.
Tras la muerte este fin de semana de un menor de 17 años por un disparo fortuito en una batida de caza en un monte del municipio de Lugo, los portavoces de todos los grupos parlamentarios han expresado sus condolencias a familiares y allegados.
Sin embargo, el popular Santiago Freire ha pedido "no convertir un hecho aislado en un motivo para cuestionar una ley" y ha defendido mantener la edad mínima en 16 en lugar de rebajarla a 14 como demandaron algunos colectivos, "para que se produzca la incorporación de los jóvenes con mayor madurez" pero sin "retrasar la toma de contacto hasta la mayoría de edad".
Además, ha reivindicado que, junto a Canarias, la gallega es la comunidad "más restrictiva" a este respecto y ha fijado la edad media de los cazadores en Galicia en "más de 42 años", de acuerdo con los datos de licencias.
Freire ha reconocido que es "evidente" que se producen "desgraciados accidentes", pero ha argumentado que son más "fruto del infortunio que de la circunstancia de la edad de la víctima". Ello, ha admitido, "pone en evidencia un riesgo" que se debe "intentar minorar", algo que, ha resaltado, intenta esta ley a través de incidir en la "sensibilización" y mediante requisitos legales.
OTRAS CRÍTICAS
Por "desgracia", lamentó previamente Fernández Calviño, es "difícil que exista una parroquia" en la comunidad "donde nunca se produjese un accidente" de estas características. "Por suerte no existe un herido en todas las aldeas ni falta que hace", le contestó Freire.
Otros de los aspectos que han censurado los portavoces de la oposición han sido que el texto "confunde de manera consciente" los derechos de propiedad de los terrenos con los de caza, en palabras de Patricia Vilán; que "no se garantiza una correcta gestión desde el punto de vista ambiental", según el diputado de AGE y que "no nace del consenso", en palabras de Ana Pontón.