Entre los detenidos hay cuatro veterinarios, los cuales omitían las inspecciones 'post-morten' de las piezas de caza, falsificando la documentación que acreditaba que eran aptas para consumo humano, según ha informado la Delegación del Gobierno en nota de prensa.
También se ha podido demostrar la implicación de cuatro salas de tratamiento de carne de caza, una en Ciudad Real, dos en Toledo y una en Sevilla, en las que han sido inmovilizadas cincuenta toneladas de carne.
Las investigaciones comenzaron el pasado mes de diciembre, cuando los servicios de Salud Pública de la Consejería de Sanidad de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha en Ciudad Real alertaron a la Guardia Civil de que habían detectado la entrada de tres partidas de carne de caza en una sala de tratamiento de El Viso del Marqués (Ciudad Real).
Esta sala presentaban gran número de irregularidades y en ella omitían determinada información obligatoria para conocer su trazabilidad, estableciéndose por ello su inmovilización y ordenándose su posterior destrucción.
Como consecuencia de esta comunicación, el Seprona inició una investigación al sospechar que se estaban cometiendo distintos delitos contra la salud pública y de falsedad documental en relación con el tratamiento de esta carne y su documentación.
En el desarrollo de la investigación se descubrió que el proveedor de la carne inmovilizada era un veterinario residente en Navarra que, junto con otros dos hermanos, había constituido una sociedad dedicada a la comercialización de carne de caza.
Esta empresa navarra adquiría la carne de caza en las provincias de Navarra, Huesca, Barcelona y Girona, hasta donde desplazaba furgonetas y camiones de pequeño tamaño para poder acceder a los lugares donde se encontraban las piezas abatidas, sin que a éstas se les realizasen las inspecciones 'post-morte'm obligatorias para detectar posibles enfermedades que pudieran afectar a la salud pública.
Documentos falsos
Una vez recogida esta carne, se trasvasaba a un camión de gran tonelaje en unas condiciones higiénico-sanitarias inapropiadas, trasladándose hasta la sala de tratamiento correspondiente y valiéndose de documentos falsos con los que daban apariencia legal a sus actividades, evitando así la detección de la procedencia de la caza en un posible control del transporte realizado por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.
Los responsables de las salas de tratamiento que procesaban la carne de caza para su incorporación a la cadena alimentaria, en ocasiones, falseaban sus condiciones higiénico-sanitarias, permitiendo la entrada de carne en malas condiciones, en connivencia con responsables de la empresa proveedora, para evitar su decomiso por los inspectores de salud pública.
La explotación de la operación 'Delos' se precipitó cuando la Guardia Civil detectó que se estaban intentando introducir en la cadena alimentaria varios lotes de carne decomisada que habían sido declarados no aptos para consumo humano y cuyo destino debía ser su destrucción, ya que parte de la carne presentaba signos de putrefacción y otra parte había arrojado resultados positivos en indicadores de enfermedades graves para la salud.
Después de intervenir el camión que iba a transportar la citada partida de carne en malas condiciones higiénico sanitarias, se llevaron a cabo dos registros en sendas instalaciones de una sala de tratamiento situadas en las localidades de Santa Cruz de Retamar y Alcolea de Tajo, ambas localidades de la provincia de Toledo, donde se incautó material informático, numerosa documentación y gran cantidad de carne que fue inmovilizada y decomisada.
En la operación ha resultado fundamental la colaboración de la Consejería de Sanidad de la Junta de Comunidades de Castilla la Mancha en Ciudad Real.